jueves, 13 de mayo de 2010

Fiscal comenzó a investigar fatal derrumbe de edificio en Constitución

Fiscal regional, Juan Pablo Kinast, afirmó que “se trata de una investigación compleja, probablemente de largo aliento”.

TALCA.- Entrevistas a víctimas y testigos que quedaron citados para profundizar sus declaraciones, así como una fijación con cámaras filmadoras digitales del sitio del suceso, formaron parte de las diligencias ejecutadas durante el primer día de investigación por el derrumbe de un edificio -durante el terremoto del 27 de febrero pasado- en el cerro O’Higgins de Constitución.
En dicho lugar fallecieron ocho personas que corresponden a dos familias, por cuanto se trata de cuatro adultos y cuatro menores. Las víctimas fatales vivían en el primer piso de uno de los edificios que colapsaron, siendo aplastadas por los otros dos pisos de la estructura. Por estos hechos, se presentó una querella criminal que busca aclarar posibles actos negligentes en la construcción de las viviendas, calificadas como casas sociales por el Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu).
Las pesquisas efectuadas ayer fueron ejecutadas en el sitio del suceso por los experimentados integrantes de la Brigada de Homicidios (BH) de la Policía De Investigaciones (PDI) de Talca, con supervisión en terreno de la fiscal especializada en indagar delitos violentos, Paula Rojas, quien se desempeña en la capital regional y que fue designada con dedicación preferente para indagar el bullado caso criminal.

NOMBRAMIENTO
Así lo anunció durante la mañana de ayer el fiscal regional, Juan Pablo Kinast, quien el jueves de la semana pasada se constituyó en el sitio del suceso, acompañado por un equipo de peritos pertenecientes al Laboratorio de Criminalística Central (Lacrim) de la PDI de Santiago. Los especialistas, junto al fiscal regional, realizaron una inspección del recinto, cuyo informe será derivado a la fiscal Rojas.
“Considerando la relevancia del caso y el alto impacto social que ha generado, tenemos que estar a la altura de las expectativas que existen para aclarar los hechos. Por ello y, en virtud a las facultades que la ley me otorga, he resuelto nombrar a un fiscal con atención preferente a este caso, por un término determinado en razón de que existen otras cargas de trabajo que hay que asumir. El nombramiento recae en la fiscal, Paula Rojas, de la fiscalía de Talca”, indicó.

CASO COMPLEJO
Kinast subrayó que si bien las primeras diligencias las realizó personalmente, cuando visitó el lugar de la tragedia con peritos de la PDI, se trata en su opinión de “una investigación compleja, probablemente de largo aliento, siendo necesario recurrir a peritajes bastante extensos. Por ello, la idea es que esto quede radicado en un fiscal, sin perjuicio que la responsabilidad recae en el fiscal regional”.
“Es decir, siempre vamos a estar atentos y actuando en forma coordinada con la fiscal, porque tengo consciencia de la relevancia del caso y la tragedia que éste encierra. La visita a Constitución dio cuenta de una tragedia de dimensiones incuantificables a escala humana. Por ello, como institución tenemos que estar a la altura de las expectativas, agotando todos los medios para aclarar estos hechos y brindar tranquilidad a la ciudadanía”, precisó.

CARTA DE EX MINISTRA
Por su parte, el jefe de la Brigada de Homicidios de la PDI de Talca, comisario Mauricio González, confirmó que ellos habían recibido una orden de la fiscalía regional para investigar los hechos. Añadió que en dichas tareas no se descarta ninguna diligencia, anticipando que se trata de un caso de gran complejidad.
“La fiscalía regional ordenó diversas diligencias para desarrollar por parte de la Brigada de Homicidios en Constitución. Ello implica tanto pericias como entrevistas a testigos, para determinar responsabilidades. No se descarta ninguna pesquisa o interrogatorio”, comentó.
Según explicaron fuentes calificadas, uno de los primeros antecedentes anexados en la investigación fue una carta oficial enviada a los propietarios de los departamentos el año 2007, con la firma de la entonces Ministra de Vivienda, Patricia Poblete. En dicho documento, según indica la propia querella, dicha autoridad anunció a las victimas que las deudas de dividendos se daban por pagadas, en razón de que los edificios presentaban daños en su construcción.

No hay comentarios:

Publicar un comentario